Una agenda para gobernarnos a todos

Hace unos días el filósofo Daniel Innerarity explicaba en una conferencia que él es de los que se apuntaría sin duda al primer partido que plantee el “largoplacismo” en su programa electoral. Contaba cómo sólo hay algo peor que la mala política, y es justo la ausencia de la misma, la forma en que el consumo rápido de la actualidad, la presión de los medios de comunicación, y el sentimiento fatalista que se ha impuesto en nuestra sociedad, han provocado esa incapacidad para pensar en propuestas que vayan más allá de la legislatura de turno.

Unos días antes, el 25 de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que durante los próximos 15 años marcarán las prioridades de todos los gobiernos a fin de obtener el progreso social, económico y medioambiental global.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que en el periodo 2000-2015 fijaron unas metas pensadas, casi exclusivamente, para países en vías de desarrollo en cuestiones como la reducción de la pobreza extrema y el hambre, el acceso universal a la enseñanza, la reducción de la mortalidad infantil, la promoción de la igualdad de género o la erradicación de enfermedades como la malaria o el SIDA.

Aunque cuestionables, los resultados de los ODM se pueden calificar de espectaculares en algunos ámbitos, especialmente en lo referente a la erradicación de la pobreza extrema (en más de un 50%), la reducción de contagios por VIH (un 40% menos), o en la reducción de la mortalidad infantil (menores de 5 años que fallecen por causas evitables), que ha caído en un 50 % en el periodo 1990-2015.

El nuevo compromiso que suponen los ODS implica, sin embargo, una diferencia respecto a lo anteriores puesto que en este caso los objetivos definidos (17 objetivos, con 169 metas) afectan a todas las naciones del planeta.

En España algunas organizaciones como Oxfam y UNICEF ya han desvelado en un informe las prioridades de nuestro país para los próximos años, muy centradas en la eliminación de la pobreza (ODS nº 1); garantizar la salud y el bienestar de toda los ciudadanos (ODS nº 3); la universalización de un sistema educativo equitativo y de calidad (ODS nº 3); la eliminación de cualquier discriminación por motivos de género (ODS nº 5); o la reducción de las desigualdades sociales (ODS nº 10); todo ello bastante inalcanzable a día de hoy dados los recortes y cambios legislativos de los últimos cuatro años de gobierno del PP.

Las cifras en estos ámbitos son muy claras, así que si tenemos en cuenta que más del 29% de población española se encuentra en riesgo de pobreza, la exclusión del sistema sanitario de la población inmigrante a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, la creciente desigualdad en nuestro país, o los pobres datos en las tasas de fracaso y abandono escolar (en ambos casos duplicando la media de la UE), nos encontramos en un escenario en el que el gobierno que surja tra el 20-D tendrá que tener como objetivo principal revertir la trayectoria sufrida desde el comienzo de la gran crisis de 2008.

Los ODS se convierten así en la agenda que debería impregnar la totalidad de los programas para las próximas elecciones. Queda por ver hasta qué punto es así; en qué medida nuestros políticos creen en el horizonte que Naciones Unidas ha previsto para los próximos 15 años. Asumirlo sería algo inusual en unos partidos como los españoles, en los que hay tal unanimidad a la hora de (no) diseñar estrategias a largo plazo, que cuesta creer que esta vaya a ser la ocasión en que dejen de un lado los planteamientos a corto plazo y empiecen a pensar en los imprescindibles cambios estructurales.

Del 72, historiador vocacional, trabajo en una ONG en la que me ocupo de las alianzas con el sector privado y de la incidencia política. Adicto a la información, me interesa casi cualquier cosa que pasa a mi alrededor. Futbolero en retirada, seriéfilo, y tan cándido como para pensar que todavía se pueden cambiar las cosas. Me gusta pensar y escribir sobre políticas públicas y partidos.
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