Datos y Relatos. La tragicomedia catalana

Este artículo se escribió el 20 de octubre de 2017 para ser publicado en la revista belga La Revue Nouvelle(número 7/2017). Por tanto, no recoge la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el ingreso en prisión de parte del Govern, la fuga de Puigdemont a Bélgica etc.  

 

Escribir sobre Cataluña en estos días resulta complicado. En primer lugar, porque los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso. Pero también, porque los estados de ánimo cambian a la misma velocidad que se suceden los acontecimientos. Y cuando se trata de hablar sobre Cataluña, tan relevantes son los hechos como los sentimientos.

Los datos

Cataluña es una de las diecisiete Comunidades Autónomas de España (demarcación similar a los Lander alemanes). Es la sexta por extensión (6,3%), pero la primera por su aportación al PIB español y la segunda más poblada. A título de ejemplo, la densidad de población de Cataluña (234 hab/km2) casi multiplica por diez la de su vecina Aragón (28 hab/km2).

La población catalana es una mezcla cultural riquísima. Primero recibió una enorme oleada de inmigrantes interiores, procedentes de Andalucía, Extremadura o Aragón, al calor del desarrollismo franquista que potenció el crecimiento industrial en Cataluña, País Vasco y Madrid a costa del resto del país. Que País Vasco y Cataluña fueran tierras de tradición independentista en las que el régimen franquista reprimió cruelmente su lengua y cultura propia (no más cruelmente, por otra parte, de lo que se reprimió en toda España a rojos, librepensadores, intelectuales, homosexuales, comunistas, ateos etc.) no fue ningún obstáculo para concentrar en ellas la inversión, la industrialización y el desarrollo de infraestructuras: al fin y al cabo, era allí donde secularmente existía una burguesía industrial y financiera potente que colaboró animosamente con el dictador desde el primer momento.

Ya a finales del siglo XX Cataluña, como el resto de España, recibió una nueva oleada migratoria, esta vez procedente del exterior. Ahora los catalanes son también de origen magrebí, latino, chino, o de los países del Este de Europa. En las aulas catalanas, los Jordis se sientan junto a los Antonios o los Mohammeds con toda naturalidad. Cataluña cuenta con una población diversa y multicultural que convive pacíficamente. Igual que sucede, por otra parte, en cualquier otro territorio de España.

Esta última apreciación no es banal.

Con el restablecimiento de la democracia, Cataluña colaboró activísimamente en la redacción de la Constitución de 1978 y la configuración del nuevo Estado Social, Democrático y de Derecho español. La arquitectura territorial, que responde a un modelo federal altísimamente descentralizado, no puede entenderse sin las aportaciones de los políticos catalanes de la época.

El nacionalismo catalán, ya fuera de izquierdas o de derechas, estuvo presente en el panorama político catalán y nacional desde el nacimiento de la democracia española. Así, Convergencia i Unió, partido nacionalista de derechas, no sólo participó activamente en la gobernabilidad de España tanto con gobiernos socialistas como conservadores, sino que fue el partido en el gobierno de Cataluña durante más de 30 años.

Y es aquí donde dejamos los datos para pasar a los relatos.

Los relatos

Tres décadas de hegemonía nacionalista conservadora tuvieron dos consecuencias esenciales. En primer lugar, y dado que el nivel de autonomía real de las Comunidades es muy elevado, Cataluña ha vivido más de 30 años de políticas neoliberales que han pasado una indudable e inevitable factura social.

Por otra parte, desde el comienzo de la democracia comenzó una estrategia oficial y oficiosa del nacionalismo independentista para construir “el relato catalán”.

  1. El relato independentista

En los libros de texto, publicaciones, medios de comunicación oficiales o afines…  se introdujo con intensidad creciente un relato que se ajusta a todos los clichés habituales del nacionalismo excluyente: Pueblo, Nación, Libertad… No se tuvo ningún empacho en tergiversar o falsear la historia, desde los orígenes míticos (y falsos) de la nación catalana hasta una lectura nacionalista de cualquier batalla o conflicto. Hasta el punto, por ejemplo, de interpretar la guerra de Sucesión entre Austrias y Borbones, en el s.XVIII, como una lucha entre “España” y “Cataluña” o presentar la guerra civil española como una guerra contra el ansia de independencia del pueblo catalán.

Paralelamente se presentaba al Pueblo Catalán como un ente monolítico, dotado de características épicas (culto, europeo, cosmopolita, laborioso y pacífico) que lo diferenciaría, incluso genéticamente, del resto de los españoles también presentados como un ente monolítico repleto de rasgos condescendientes o, simplemente, peyorativos.

Al laborioso pueblo catalán, además, se le añadía una pesada losa: España –o los territorios españoles más pobres- le roba. No sólo le limita (en no se sabe qué) sus libertades sino que además le toca el bolsillo. Y eso sí que no.

Con estos ingredientes (una larga tradición opresora ejercida sobre un pueblo oprimido, un supuesto agravio económico), el siguiente paso deductivo es obvio: Cataluña debe liberarse del yugo opresor. No habrá Libertad ni Felicidad mientras no haya Independencia.

2. El relato del gobierno del PP

Durante décadas este relato independentista tuvo un apoyo político real muy minoritario. Lo cierto es que la sociedad catalana no es así. Sin embargo, la explosión de la crisis económica de 2008, unida a la desastrosa política hacia Cataluña realizada por el gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy fueron la espita que abrió la caja de los truenos, y convirtió un pequeño manantial en un río desbocado.

De la misma forma que los partidos nacionalistas catalanes se refugiaron en el independentismo cada vez más agresivo, el Partido Popular utilizó su discurso anticatalanista para ocultar ante la opinión pública otros problemas mucho más reales. Tanto CiU como el PP son partidos azotados por una corrupción política sistémica y escandalosa; ambos han utilizado sin sonrojo y sin medida instituciones que deberían haber sido independientes, desde el Tribunal Constitucional a la Televisión Pública. Ambos se han enfrentado a la tragedia de la crisis económica y financiera mundial con herramientas neoliberales que han crispado y empobrecido a la población. Pero igual que en Cataluña el nacionalismo resultaba electoralmente muy rentable, en España al Partido Popular le resultaba muy rentable en votos enarbolar el discurso nacionalista español. También a semejanza del antagonista catalán, el Partido Popular controla sin empacho los medios de comunicación oficiales y afines,

Que en 2010 el Tribunal Constitucional (claramente escorado hacia posiciones sostenidas por el PP)  tumbara el Estatut que había sido aprobado en referéndum en Cataluña y ratificado en el Parlamento Español fue la afrenta última. Era el colofón a la imagen de Mariano Rajoy  y todo el Partido Popular recogiendo en 2006 4 millones de firmas contra dicha ley. A partir de ahí, las torpezas estratégicas, los desplantes y los desaires hacia Cataluña fueron continuos. Y conscientes, y buscados, porque aunque el apoyo electoral al PP en Cataluña se convirtió en residual, a cambio le generaba un voto nacionalista español en el resto del país.

3. La ausencia de contrarrelato catalán

Probablemente el componente más trágico de esta historia es la ausencia de un contrarrelato catalán al relato del independentismo. Durante décadas, apenas existieron  voces que se elevaran contra el discurso independentista. Voces fuera de Cataluña pero, especialmente, voces dentro de Cataluña. Unos por considerar que no merecía la pena, otros por cálculo electoral, otros, finalmente y en los últimos tiempos, para no ser tachados automáticamente de fascistas y antidemócratas. Sólo voces minoritarias advertían de que el relato independentista era excluyente, supremacista, construido sobre datos falsos y alejado de la realidad catalana. Sólo en privado los agentes económicos, los empresarios, los bancos, advertían que una aventura independentista tendría un coste inasumible. Sólo en privado las instituciones y los expertos europeos advertían de que la independencia catalana conllevaría la inmediata salida de la Unión Europea y del Euro. Todos callaron. Y aquellos que no lo hacían fueron hábilmente silenciados o ninguneados por el discurso oficial y los medios de comunicación mayoritarios.

El Procés y el referéndum 1O.

Tras un primer intento de celebración de referéndum para aprobar la independencia de Cataluña el 9 Noviembre de 2014 (referéndum que, ante su declaración de inconstitucionalidad, fue transformado en un proceso participativo “no vinculante”) las elecciones catalanas de septiembre de 2015 tuvieron un carácter plenamente plebiscitario. Se construyeron casi exclusivamente en torno a la independencia. De hecho, la candidatura ganadora (Junts pel Sí) era una coalición que incluía a los partidos soberanistas de todo el espectro ideológico, salvo los antisistema independentistas de izquierdas –la CUP- que acabaron entrando en el gobierno resultante.

A partir de ese momento, la vida política catalana se centró en el Proceso de Declaración de Independencia (El Procès), y el discurso público aceleró el uso perverso del lenguaje. El concepto de Independencia fue hábilmente sustituido por el de “Derecho a Decidir”, República se asoció a Liberación –por contraposición, Monarquía o Constitución se asociaron a opresión- y el referéndum convocado por la Generalitat se revistió del halo sanador de la Democracia. No hay nada más seductor que un referéndum prohibido. La insurrección es sexi, y la votación prohibida multiplicó la carga emocional. Poco importaba que para aprobar la celebración de dicho referéndum se hubieran desobedecido, entre otras leyes, la Constitución Española, el Estatut de Autonomía y las normas de funcionamiento del Parlamento Catalán. Cualquiera que se opusiera a la celebración de dicho referéndum –ilegal y financiado con dinero público- era automáticamente tachado de fascista y antidemócrata. Los partidarios y partidos constitucionalistas se asimilaron a la opresión anticatalana. El debate político institucional quedó desautorizado y a cambio, se le dio toda legitimidad a la fuerza de la calle. Las redes sociales y las movilizaciones populares, cada vez más multitudinarias, daban soporte a la reivindicación soberanista. Miles y miles de personas se manifestaron repetidamente a favor de la independencia, haciendo la lectura de que en ellas residía la voluntad única del Pueblo Catalán, único y unívoco. Mientras tanto, la otra mitad de Cataluña callaba.

Para terminar de crear la tormenta perfecta, llegó el día del referéndum. Precedido por toda una panoplia de acciones y declaraciones del Gobierno de España para impedir su celebración (desde detenciones de autoridades catalanas al secuestro de urnas y papeletas), el 1 de octubre comenzaron las votaciones. Sin censos oficiales, con normas de votación cambiantes, con papeletas escondidas y colegios electorales camuflados para evitar su cierre, al Gobierno de la Nación no se le ocurrió una idea mejor que enviar un despliegue de fuerzas de seguridad que actuó de forma contundente y violenta sobre los ciudadanos. Ciudadanos que acudían a votar con espíritu festivo y reivindicativo; ciudadanos que no ejercían ninguna acción ilegal, porque aunque el referéndum no tuviera validez legal, participar en la consulta no es un delito.

Con esta demostración vergonzosa y gratuita de fuerza, el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió lo imposible: que el foco de la opinión pública internacional se desviara del hecho de que se trataba de un referéndum ilegal sin ninguna validez jurídica y política, para conferirle una legitimación automática. La violencia policial no sólo fue un hecho absolutamente lamentable y condenable desde el punto de vista democrático, sino también un error estratégico fundamental.

El resultado del referéndum, como no podía ser de otro modo, dio un sí mayoritario a la independencia. Aunque sólo participara el 43% del censo. Aunque en realidad sobre un censo de 5,3 millones de votantes sólo votaran a favor 2,04 millones, en el referéndum el Sí ganó. Y por tanto, tal como establecía la Ley de la consulta (declarada inconstitucional previamente y, por tanto, sin validez jurídica), el Parlament catalán debía declarar la independencia en 48 horas.

 

La fuga de empresas, la manifestación contrarrelato, la independencia en diferido.

Una vez producido este choque de trenes entre el gobierno de Carles Puigdemont y el de Mariano Rajoy, se sucedieron las iniciativas y las voces clamando por el diálogo. Unas con un cálculo político mayor, otras más desinteresadas. El discurso del Rey Felipe VI (que sólo tiene comparación en sus características al que dio su padre, Juan Carlos I, ante el golpe de Estado de 1981) tuvo un insólito carácter de firmeza antisoberanista. Serenó los ánimos de muchos, pero no de los antimonárquicos y mucho menos de los catalanes independentistas.

Al 1 de Octubre siguió una jornada de huelga general promovida por la Generalitat el día 3 de octubre. El sábado 7 de octubre, por convocatoria popular, se celebran concentraciones y manifestaciones en toda España reclamando diálogo y serenidad. Y el domingo 8 de octubre, por primera vez, una manifestación multitudinaria invade las calles de Barcelona para dar voz a los catalanes que no están de acuerdo con la declaración unilateral de independencia. La intervención de Josep Borrell se convierte en viral.

No obstante, ni manifestaciones ni artículos ni propuestas de mediación venidas de todas partes (desde la Iglesia católica hasta un grupo de premios Nobel) han sido tan eficaces a la hora de bajar el balón al suelo como la economía. Los bancos catalanes (Banco Sabadell, Caixabank) anuncian que se trasladan fuera de Cataluña: la independencia de Cataluña conllevaría su salida del Euro y del sistema bancario europeo, lo que haría absolutamente inviable la actividad financiera de las entidades. Tras ellos, y en menos de una semana, una treintena de grandes empresas anuncian su traslado fuera de Cataluña. Catalana Occidente, Grupo Planeta, Gas Natural, Colonial o Abertis han anunciado el traslado de su sede social, ante la inseguridad jurídica y tributaria que plantea el proceso independentista.

Así las cosas, el viernes 10 de octubre el presidente del Govern de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció ante el Parlamento. Previamente se habían instalado grandes pantallas en la calle, y animado a la población a asistir a lo que parecía ser la declaración de independencia de Cataluña, siguiendo los dictados del referéndum. Así sucedió: Puigdemont declaró que tenía el mandato de declarar a Cataluña independiente. Pero inmediatamente, anunció que suspendía la independencia durante un tiempo indeterminado, para abrir una vía de diálogo y negociación.   Ante la estupefacción de sus adeptos y la sorpresa del resto del mundo, la independencia de Cataluña duró 12 segundos. Al menos, de momento.

 

¿Y ahora, qué?

En un país como España, en el que cuarenta años de nacionalcatolicismo y treinta años de terrorismo de ETA parecen haber vacunado a la población en contra de cualquier exceso en torno a una bandera o a una religión, el fervor independentista se comprende poco. Pero, más allá de que se base en hechos más o menos falsos, en argumentos más o menos irracionales, lo cierto es que el sentimiento de muchos catalanes a favor de la independencia de Cataluña es real, intenso y, como cualquier sentimiento, legítimo. Los hechos pueden ser falsos, los argumentos pueden ser erróneos, pero los sentimientos son verdaderos y, además, incontrolables. Esa es la maquinaria del nacionalismo que tan bien conoce Europa.

¿Cómo terminará todo esto? Probablemente, con elecciones en Cataluña. Porque si Puigdemont no declara la independencia, la CUP forzará su salida del gobierno y, por tanto, serán necesarias nuevas elecciones. Pero si el President declara la independencia (o no se pronuncia en términos suficientemente claros en contra de ella) el Gobierno central activará el art. 155 de la Constitución, el mecanismo constitucional de intervención en una Comunidad Autónoma. Y dicho mecanismo aboca a la convocatoria de elecciones en Cataluña.

La clave de esta guerra de nervios es quién mueve la ficha primero: un recurso al art. 155 abre un camino repleto de incertidumbres que pasan por la intervención directa de las instituciones autonómicas por el Gobierno Central, lo que es absolutamente indeseable en un Estado federal . Pero además vuelve a situar al Gobierno central como un cercenador de libertades e instituciones en el relato independentista.  Y esta vez, con bastante más fundamento jurídico para afirmarlo.

En todo caso, lo deseable sería reconducir el debate desde la calle y las masas hacia el Parlamento y las instituciones democráticas, de donde nunca debió salir. Restituir el valor de la política representativa en lugar de lanzarse a una guerra de manifestaciones y contramanifestaciones. Comenzar una reconstrucción emocional de toda la sociedad catalana y española, gravemente dañadas. Y para todo ello, es requisito indispensable que los representantes políticos de las diversas fuerzas tanto de ámbito catalán como nacional dejen a un lado sus intereses electoralistas más cortoplacistas y se imbuyan de la generosidad, la altura de miras y la voluntad de consenso que desplegaron sus precedesores en 1978.

 

Algunas voces mucho más autorizadas que la mía:

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